El programa de formación continua denominado “Diplomado
en Protección Constitucional de Personas y Grupos Vulnerables”, constituye un espacio de
formación especializada orientado al estudio integral de los principales
estándares de protección para la toma de decisiones que reivindiquen los
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, dirigido a abogados,
jueces, servidores públicos, docentes universitarios, estudiantes de posgrado y
demás profesionales vinculados al ejercicio de la función pública y el litigio.
Impulsa tu desarrollo profesional con una formación especializada que te permitirá fortalecer tus conocimientos en procedimientos, recursos y litigación contencioso administrativa.
OBJETIVO:
El Diplomado tiene por objeto fortalecer las competencias teóricas y prácticas de los participantes en materia de Derecho Contencioso Administrativo, proporcionando herramientas para la correcta aplicación de la normativa, la formulación de estrategias procesales y la litigación efectiva ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo pueden tomar Abogados en libre ejercicio, servidores públicos, jueces, secretarios y funcionarios judiciales, asesores jurídicos, docentes, estudiantes de Derecho y profesionales vinculados a la gestión pública o al patrocinio de causas contra entidades del Estado.
Respecto al principio que rige el impulso de la causa, ¿Qué distingue al proceso judicial del procedimiento administrativo ?
a. El proceso judicial se rige por el principio de oficialidad y el procedimiento administrativo por el principio dispositivo absoluto.
b. El proceso judicial se informa por el principio dispositivo (iniciativa y prueba de las partes), mientras que el procedimiento administrativo se informa por el principio de oficialidad (impulso de oficio de la Administración).
c. En ninguno de los dos casos la autoridad puede actuar ni pedir pruebas sin la solicitud de una de las partes procesales
En la tensión de fuentes normativas (Ley Especial/Procedimiento administrativo
especial vs. Ley General Administrativa/Procedimiento administrativo general), ¿Cuál es la regla general respecto a la aplicación directa del procedimiento sancionador?
a. El COA siempre se aplica de forma directa y principal en todos los procedimientos sancionadores del Estado sin excepción alguna.
b. La ley especial queda sin efecto automático si el procedimiento sancionador del COA resulta ser más corto
c. Si la ley especial cuenta con su propio procedimiento sancionador expreso, este se aplica de forma directa; el COA solo ingresa de forma supletoria para llenar vacíos o integrar lagunas procesales.
PREGUNTAS
Conforme al criterio amplio y favorable al administrado que adopta el COA (principio pro actione), ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente a los sujetos habilitados para interponer el recurso de apelación según su categoría de legitimación?
a. Están habilitados el titular de un derecho subjetivo directamente afectado; el titular de un interés legítimo cuya situación jurídica individual resulte afectada de manera diferenciada (aun sin derecho subjetivo estricto); y el afectado directo que demuestre una afectación personal, actual y directa (incluyendo a terceros interesados).
b. La legitimación exige de forma obligatoria que todo recurrente sea titular de un derecho subjetivo estricto reconocido por el ordenamiento jurídico, quedando excluidos los terceros interesados y quienes únicamente sufran afectaciones indirectas o diferenciadas.
c. Únicamente se reconoce la legitimación al afectado directo que demuestre una lesión futura o potencial, mientras que la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo reserva su ejercicio exclusivo para la propia Administración Pública.
De acuerdo con la delimitación del ámbito objetivo del recurso de apelación que establece el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿Cuáles actuaciones de la Administración Pública SON susceptibles de apelación y cuáles quedan excluidas de este mecanismo?
a. Son recurribles únicamente las actos definitivos por tener contenido decisorio directo, quedando excluidos los actos de trámite cualificados.
b. Son recurribles los actos definitivos (que ponen fin al procedimiento resolviendo el fondo) y los actos de trámite cualificados (que producen indefensión o impiden la continuación del trámite); mientras que quedan excluidas las actuaciones materiales o de ejecución carentes de contenido decisorio propio.
c. Todos los actos de trámite ordinarios y las actuaciones materiales de la Administración son susceptibles de apelación, siempre que el interesado no haya sido notificado dentro de los primeros tres días del procedimiento.
La Administración sanciona a una compañía por el vertido de efluentes contaminantes. Días después de que el acto quedó firme, la entidad de control ambiental emite un informe oficial donde reconoce que los equipos de medición utilizados en la inspección estaban descalibrados al momento del examen, hecho registrado en las bitácoras del propio expediente original. ¿Bajo qué causal y estándar técnico debe articularse el recurso extraordinario de revisión?
a. Bajo la Causal 1 (error de hecho), pues el error es evidente, afecta al fondo del asunto y surge de la confrontación de los propios documentos y registros del expediente administrativo.
b.Bajo la Causal 2 (error de derecho), al haberse violado el principio de tipicidad de la infracción ambiental por haber sancionado una conducta que no se ejecutó.
c. El caso es inadmisible en vía administrativa y debe reconducirse obligatoriamente hacia una acción subjetiva ante el contencioso administrativo.
En la sustanciación del recurso extraordinario de revisión, la ley establece causales de inadmisión, efectos del silencio administrativo y plazos de resolución. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de forma exacta la dinámica procesal aplicable a las fases de admisión y decisión de este recurso?
a. Transcurrido el término de veinte días desde la interposición sin notificación de la admisión, el recurso se entiende aceptado tácitamente por silencio positivo; debiendo resolverse en el plazo de un mes, vencido el cual comenzará a correr el término para acudir a la vía judicial.
b. El recurso se entenderá desestimado, si no se dicta y notifica la admisión en el término de 20 días, o si una vez admitido no se resuelve expresamente en el plazo de 1 mes, se entenderá desestimado (silencio negativo), contándose desde esa desestimación o resolución el término para impugnar en vía judicial.
c. La falta de pronunciamiento sobre la admisión en el término de 20 días habilita a la Administración a extender el plazo de resolución hasta por seis meses, suspendiendo la posibilidad de que el administrado acuda a la vía judicial contencioso-administrativa.
PREGUNTAS
Conforme a las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional recogidas en las sentencias No. 7-14-AN/21 y No. 107-20-IN/21, ¿cuál de las siguientes opciones distingue con precisión dogmática un acto normativo de un acto administrativo, así como las especies dentro de estos últimos?
a. El acto normativo se agota completamente con su primer cumplimiento material por dirigirse a un grupo determinado de personas, mientras que el acto administrativo produce efectos jurídicos abstractos e indeterminados que nunca pueden extinguirse ni modificarse.
b. El acto normativo posee efectos jurídicos abstractos, obligatorios, contiene un mandato general (de prohibición, permisión u orden) y no se agota con su cumplimiento; mientras que el acto administrativo produce efectos jurídicos concretos que extinguen, crean o modifican derechos subjetivos singularizados o singularizables, agotándose con su cumplimiento; distinguiéndose en este último la especie con efectos individuales o plurindividuales por dirigirse a sujetos plena y claramente identificables.
c. Los actos administrativos con efectos plurindividuales son aquellos que contienen mandatos de prohibición general no agotables, diferenciándose de los actos normativos únicamente en que estos últimos son emitidos exclusivamente por el Presidente de la República.
¿Cuál de estas manifestaciones de la actividad administrativa NO es impugnable de forma directa e independiente en la vía contencioso-administrativa por carecer de efectos jurídicos directos e independientes frente al administrado?
a. El Hecho Administrativo, puesto que las actuaciones materiales que vulneran derechos solo pueden ser corregidas mediante reclamo administrativo previo.
b. El Contrato Administrativo, en razón de que las controversias nacidas de la contratación pública corresponden exclusivamente a arbitraje y quedan exentas del control de los tribunales contencioso-administrativos.
c. El Acto de Simple Administración, ya que constituye un dictamen, informe o dictamen interno que produce efectos jurídicos indirectos para la organización de la Administración, salvo que una ley especial le de otros efectos.
En el marco del ejercicio del ius puniendi administrativo, ¿cuál es la garantía procesal fundamental que rige la separación de funciones dentro del procedimiento administrativo sancionador del COA y que se somete a estricto control de legalidad en vía jurisdiccional?
a. La potestad de acumulación de expedientes, que faculta al mismo funcionario a acusar, instruir y sancionar en la misma providencia de inicio.
b. La separación estricta entre el órgano instructor y el órgano decisor, garantizando la imparcialidad de la autoridad sancionadora al prohibir que quien formula los cargos y sustancia la prueba sea quien dicte la resolución final.
c. La presunción de ejecutoriedad inmediata que permite aplicar la sanción económica antes de notificar el acto de inicio al administrado.
Respecto a la caducidad del procedimiento sancionador y la prescripción de la infracción en el COA, ¿cuál es el efecto de la declaración judicial de caducidad sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública?
a. La caducidad extingue de forma definitiva la infracción y la acción sancionadora, impidiendo que la Administración pueda volver a iniciar un procedimiento por los mismos hechos en cualquier circunstancia.
b. La caducidad suspende el término de prescripción de la infracción hasta que la Corte Provincial resuelva la apelación contenciosa.
c. La caducidad extingue únicamente el procedimiento administrativo concreto por el transcurso del tiempo sin resolución, dejando a salvo la facultad de la Administración para iniciar un nuevo procedimiento, siempre que la infracción no haya prescrito.
PREGUNTAS
En la responsabilidad civil culposa regulada en el Art. 53 de la LOCGE, ¿Cuál es la diferencia dogmática y procesal sustancial entre una Glosa y una Orden de Reintegro?
a. La glosa constituye un perjuicio irrefutable que exige pago inmediato, mientras que la orden de reintegro admite prueba en contrario durante el juicio contencioso.
b. La glosa parte de una presunción de perjuicio económico que admite prueba en contrario y puede desvanecerse en el procedimiento; mientras que la orden de reintegro deriva de un perjuicio determinado de forma perfecta e irrefutable por un pago indebido sin sustento.
c. La glosa sanciona únicamente la inobservancia de leyes sin daño patrimonial, mientras que la orden de reintegro deriva de indicios de responsabilidad penal.
En el proceso de determinación de responsabilidades a cargo de la Contraloría General del Estado, ¿Cuáles son los tiempos fijados para contestar y presentar descargos según el tipo de responsabilidad notificada?
a. 30 días término para responsabilidad administrativa, 60 días término para responsabilidad civil, y 90 días término para pagar o pedir reconsideración en la orden de reintegro.
b. 15 días plazo para administrativa, 30 días plazo para responsabilidad civil y 60 días plazo para la orden de reintegro.
c. 30 días plazo para responsabilidad administrativa, 60 días plazo para responsabilidad civil, y 90 días plazo para pagar o pedir reconsideración en la orden de reintegro.
1.¿En qué momentos se suspende el procedimiento
de ejecución coactiva iniciado por la Contraloría General del Estado (CGE),
tanto en sede administrativa como en sede judicial?
a)Se suspende únicamente en sede judicial mediante la consignación en efectivo del 100% de la
obligación ejecutada.
b)En sede administrativa, con la presentación de la solicitud de facilidades de pago o de la reclamación contra el título de crédito; y en sede judicial, con la proposición de la acción subjetiva contencioso-administrativa.
c)Se suspende únicamente con la notificación del Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de la CGE.
2.Si a pesar de estar suspendida la coactiva (por haberse presentado reclamo, facilidades o demanda judicial), la CGE insiste en continuar con el procedimiento de ejecución y emite o ejecuta la Orden de Pago (OP), ¿qué excepciones a la coactiva del Art. 316 del COGEP deben interponerse en vía judicial?
a)Debe oponerse la excepción del Art. 316.1 del COGEP (extinción de la obligación por pago total voluntario).
b)Debe interponerse la excepción del Art. 316.3 del COGEP Incompetencia del funcionario ejecutor), pues con la suspensión se terminó la competencia del funcionario para continuar con el proceso.
c)Deben oponerse las excepciones de los numerales 6 y 8 del Art. 316
del COGEP (hallarse en trámite recurso o reclamación administrativa; o demanda
judicial suspensión del procedimiento ejecutorio por ley o providencia
judicial).
PREGUNTAS
1.En
el control judicial de los actos administrativos de declaratoria de utilidad
pública y expropiación,¿cuál de las siguientes controversias corresponde a la
esfera de la JUSTICIA ORDINARIA (contencioso-administrativa) y cuál cruza la
frontera hacia la ESFERA CONSTITUCIONAL (garantías jurisdiccionales)?
a)La impugnación basada en la ausencia total de un procedimiento expropiatorio y en la confiscación arbitraria del bien corresponde a la esfera ordinaria; mientras que la discusión sobre el recalculo técnico del justa precio e indemnización económica es propia de la esfera constitucional.
b)La controversia sobre la determinación del justo precio, la liquidación del monto indemnizatorio y su pago corresponde a la esfera ordinaria; mientras que las alegaciones sobre la inexistencia de la declaratoria de utilidad pública, la falta absoluta de procedimiento corresponden a la esfera constitucional.
c)Ambas pretensiones deben tramitarse obligatoria y simultáneamente en la esfera ordinaria contencioso-administrativa, quedando vedado el acceso a la justicia constitucional aun en supuestos de vías de hecho o confiscación.
2.Respecto a la causal de "Destino incumplido" para solicitar la reversión del bien expropiado, ¿cuál es el presupuesto temporal exigido por la norma?
a)No destinar el bien a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública dentro del plazo de dos años contados desde la inscripción.
b)No haber iniciado la construcción de la obra en el término de seis meses desde el pago de la indemnización.
c)No haber subdividido el predio expropiado dentro de los noventa días posteriores a la negociación directa.
1.Si un administrado interpone una Acción
Subjetiva buscando la nulidad de un acto de destitución y el pago de sus
remuneraciones, pero presenta la demanda al día 120 posterior a la
notificación, ¿cuál es la consecuencia procesal conforme al precedente de la
Resolución 13-2015 de la CNJ?
a) Se declara de oficio la caducidad del derecho a través de un auto
definitivo de inadmisión a trámite, vedando el análisis sobre el fondo del
asunto
b) Se admite a trámite y solo se podrá declarar la improcedencia de la
demanda a través de sentencia.
c) El Tribunal recalifica la acción a vía objetiva para otorgarle el
plazo de 3 años y admitirla a trámite.
2. Respecto a la pretensión restitutoria e
indemnizatoria en la Acción Subjetiva, ¿qué facultad tiene el juzgador
contencioso-administrativo a diferencia de lo que ocurre en una acción objetiva
de anulación?
a) Solo puede limitarse a expulsar el acto del ordenamiento jurídico sin
pronunciarse sobre reparaciones económicas.
b) Puede declarar la nulidad o ilegalidad del acto y, además, ordenar el
restablecimiento del derecho violado, reconociendo indemnizaciones o el pago de
haberes no percibidos dependiendo del caso.
c) Puede modificar el acto administrativo modificándolo por otro.
PREGUNTAS
1.A diferencia de la acción subjetiva, ¿cuál es
el criterio específico de legitimación que exige el legislador al accionante en
la acción objetiva?
a) Exige acreditar de forma obligatoria la titularidad de un derecho subjetivo estricto vulnerado.
b) No exige ser titular de un derecho subjetivo violado, pero el accionante debe demostrar ostentar un interés directo en la pretensión.
c) No exige ninguna legitimación ni interés, pues se trata de una acción popular abierta a cualquier persona sin vinculación alguna.
2.¿Cuál es el plazo para proponer la acción objetiva de anulación y desde cuándo se computa?
a) Plazo de 3 años, contados a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto administrativo normativo o de efectos generales.
b) Término de 90 días, contados a partir de la notificación del acto administrativo particular al afectado.
c) Plazo de
5 años, contados a partir de la publicación de la norma en el Registro Oficial.
1. En el marco del abandono judicial clásico por inactividad prolongada, ¿cuál de los siguientes enunciados es la regla aplicable?
a) No cabe declarar el abandono en las acciones de lesividad ni en los juicios coactivos.
b) No cabe declarar el abandono en las acciones subjetivas contencioso-administrativas.
c) El abandono procede de forma obligatoria en toda clase de acción administrativa una vez transcurridos seis meses de inactividad.
2. En la Sentencia No. 319-23-EP/26 de la Corte Constitucional, ¿cuál fue la ratio decidendi para desestimar la acción extraordinaria de protección respecto a la supuesta contradicción entre el Art. 247.4 y el Art. 87.1 del COGEP?
a) Se determinó que el Art. 247.4 es aplicable para todos los casos de abandono, por lo que no había contradicción.
b) Se concluyó que en las acciones subjetivas los jueces contenciosos nunca pueden declarar terminado el proceso sin sentencia de fondo.
c) Se estableció que no existe contradicción normativa porque regulan supuestos distintos: el Art. 247.4 bloquea el abandono por inactividad procesal prolongada, mientras que el Art. 87.1 sanciona la inasistencia puntual a la audiencia dentro del sistema oral.
PREGUNTAS
1. En cuanto a los efectos temporales de la decisión y sus consecuencias sobre el reingreso al sector público, ¿qué resolvió el Pleno de la Corte Constitucional en la Sentencia No. 26-18-IN/20 y acumulados sobre los efectos de inconstitucionalidad sobre la compra de renuncias obligatoria ?
a) Dispuso efectos hacia el futuro (ex nunc) para preservar la seguridad jurídica; determinando que a partir de la publicación del fallo no se podrá exigir el reintegro de valores para reingresar al sector público ni mantener el impedimento laboral en el Ministerio de Trabajo derivado de la compra obligatoria.
b) Declaró efectos retroactivos con orden de reintegro inmediato a los puestos de trabajo y pago retroactivo de remuneraciones para todos los afectados desde el año 2011.
c) Suspendió los efectos de la sentencia hasta que la Asamblea Nacional dicte una nueva ley interpretativa.
2. En el análisis del derecho a la seguridad jurídica (Art. 82 CRE) y la reserva de ley (Art. 229 CRE), ¿cuál fue la razón sustancial por la que la Corte Constitucional determinó que el Presidente de la República excedió su potestad reglamentaria al expedir el Decreto Ejecutivo No. 813?
a) Porque el Ejecutivo expidió la norma sin contar previamente con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
b) Porque mediante reglamento incorporó el carácter obligatorio a la compra de renuncias con indemnización, modificando el régimen legal de estabilidad y cesación de funciones que por mandato constitucional debe ser definido en una ley y que la Asamblea Nacional expresamente rechazó incluir en la LOSEP.
c) Porque la potestad reglamentaria del Art. 147 numeral 13 de la Constitución prohíbe taxativamente reformar cualquier reglamento general preexistente.
1. Los servidores de las instituciones del Estado, encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, serán responsables por distintas modalidades de culpas cuando incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones. En ese sentido ¿Qué culpa no genera responsabilidad?
a) La culpa grave, negligencia grave, culpa lata, que es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo.
b) La culpa leve, descuido leve, descuido ligero, que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
c) La culpa o descuido levísimo, que es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado
2. Respecto a la función constitutiva del daño y su distinción con la desviación administrativa, ¿cuál es el presupuesto indispensable para que surja válidamente la obligación indemnizatoria?
a) La existencia de una lesión patrimonial real y comprobada, pues sin daño objetivo no nace la obligación de indemnizar, aun cuando exista una desviación administrativa sancionable en otra vía.
b) La sola comprobación de un informe de auditoría que identifique la inobservancia formal de un reglamento institucional.
c) La formulación de una hipótesis sobre posibles mermas financieras que la institución pública podría sufrir en ejercicios fiscales posteriores.
PREGUNTAS
1. ¿Qué presupuestos técnicos e institucionales deben concurrir para la supresión de puestos en entidades del Gobierno Central y qué ministerios intervienen?
a) Requiere únicamente la decisión discrecional de la autoridad nominadora y el dictamen del Procurador General del Estado.
b) Debe responder a razones técnicas, funcionales y económicas, bajo principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad con diagnóstico previo, interviniendo los Ministerios de Trabajo (ex Relaciones Laborales), de Finanzas y la entidad respectiva.
c) Procede de forma automática por la sola calificación de desempeño regular de los servidores de carrera durante un ejercicio fiscal.
2. En la vía contencioso-administrativa, ¿cuál es la acción judicial idónea (COGEP) y el término de caducidad (Art. 90 y 91 LOSEP) para impugnar un acto de supresión de puesto viciado por desviación de poder o falta de dictámenes técnicos?
a) Acción Objetiva de anulación dentro del plazo de 3 años contados desde la emisión del informe técnico.
b) Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción dentro del término de 90 días contados a partir de la notificación del acto administrativo.
c) Procedimiento voluntario de pago de haberes en el término de 15 días posteriores al cese.
1. En la dogmática de las vías extraordinarias de extinción del acto administrativo (Art. 103 del COA) por parte de la propia administración, ¿cuál es la distinción sustancial entre la Revocatoria y la Nulidad respecto a la naturaleza del acto y la vía procedimental exigible?
a) La revocatoria extingue actos nulos de pleno derecho en sede administrativa, mientras que la nulidad revisa actos legítimos ante el Tribunal Contencioso Administrativo por posibles vicios.
b) La revocatoria se aplica sobre actos legítimos (apegados a derecho) por causas de oportunidad, mérito o interés público tramitándose en vía judicial como acción de lesividad; mientras que la nulidad recae sobre actos irregulares por vicios de legitimidad tramitándose mediante revisión de oficio en sede administrativa.
c) Ambas figuras constituyen manifestaciones de autotutela que la entidad pública puede aplicar indistintamente sin acudir a la justicia ordinaria.
2. Cuando la administración pública decide presentar una acción de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ¿Cuál debería ser su pretensión en la acción?
a) Que se declare la nulidad del acto y la determinación de la indemnización que corresponda.
b) Que se realice la declaratoria de lesividad y se pague el valor de indemnización previamente calculado por la administración
c) Que se reconozca la declaratoria de lesividad realizada y se proceda a la cuantificación de la indemnización.
PREGUNTAS
1. Conforme al artículo 207 del COA y al artículo 370 A del COGEP, ¿cuáles son los dos requisitos probatorios que debe acompañar el administrado en su solicitud judicial para demostrar que se configuró el silencio administrativo positivo?
a) Una certificación emitida por la propia administración pública de que no ha respondido la petición realizada dentro del término previsto, así como una declaración bajo juramento hecha ante notario de no haber sido notificado con la resolución expresa.
b) Una declaración bajo juramento hecha ante notario de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal de 30 días, junto con el original de la petición donde conste la respectiva fe de recepción.
c) Una declaración bajo juramento incluida en la solicitud, de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal de 30 días, junto con el original de la petición donde conste la respectiva fe de recepción
2. Según el Criterio de la Corte Nacional de Justicia (Oficio No. 1490-2023-P-CNJ / 0552-PCPJG-2022), ¿bajo qué estructura procesal y en cuántas fases debe sustanciarse la audiencia prevista en el artículo 370 A del COGEP?
a) Se sustenta en una sola fase oral y sumaria destinada exclusivamente a dictar el mandamiento de ejecución
b) Se tramita bajo los lineamientos generales de la audiencia única en dos fases: primera de saneamiento (donde se resuelven las excepciones previas del Art. 153 COGEP), fijación de puntos en debate y conciliación; y segunda de prueba y alegatos.
c) Se divide en tres audiencias independientes: de calificación de ejecutabilidad, de práctica de prueba y de mandamiento de pago forzoso.
1. De acuerdo con el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), ¿cuál es el presupuesto procesal indispensable para interponer las acciones de responsabilidad por retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del debido proceso y tutela judicial efectiva?
a) Contar con el informe favorable vinculante de la Contraloría General del Estado.
b) Requerir de una declaración judicial previa
c) Haber agotado previamente un sumario disciplinario con sanción de destitución en contra del juzgador.
2. Respecto a la vía procesal, legitimación pasiva y plazo de caducidad fijados en el artículo 32 del COFJ para demandar al Estado la indemnización de daños y perjuicios por inadecuada administración de justicia, ¿cuáles son las reglas aplicables?
a) Se demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio del perjudicado, la legitimación pasiva recae en la Directora o Director General del Consejo de la Judicatura, y la acción caduca en el plazo de cinco años contados desde el último acto violatorio
b) Se demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio del perjudicado, la legitimación pasiva recae en la Directora o Director General del Consejo de la Judicatura, y la acción caduca en el plazo de cuatro años contados desde el último acto violatorio.
c) Se demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio del perjudicado, la legitimación pasiva recae en la autoridad judicial que ocasionó la inadecuada administración de justicia, y la acción caduca en el plazo de cuatro años contados desde el último acto violatorio.
Respecto a las reglas procesales aplicables a la Acción Especial de Contratación Pública en el COGEP, ¿cuál es el régimen de competencia territorial, vía procesal y pretensión de legalidad?
a) Es competente el Tribunal del domicilio de la entidad accionada, se tramita en procedimiento sumario y se limita a un control formal restringido.
b) La competencia territorial se radica en el lugar de domicilio del actor, se tramita bajo procedimiento ordinario y el juzgador ejerce un control amplio de legalidad con base en al pretensión.
c) La competencia territorial se radica en el lugar de domicilio del actor, se tramita bajo procedimiento sumario y el juzgador ejerce un control amplio de legalidad con base en la pretensión.
2. ¿Cuál es el plazo de caducidad aplicable para proponer la acción judicial derivada de una relación obligacional con el Estado, incluso si no existió un contrato formalizado por escrito?
a) Aplica el término de 90 días previsto en el Art. 306.1 del COGEP por equipararse a una acción subjetiva ordinaria cuando no existe contrato escrito, y aplica el plazo de 5 años establecido en el Art. 306 numeral 3 del COGEP para la acción especial en materia contractual (Art. 326.4 literal d del COGEP) cuando si hay contrato escrito.
b) Aplica el plazo de 5 años establecido en el Art. 306 numeral 3 del COGEP para la acción especial en materia contractual (Art. 326.4 literal d del COGEP), garantizando la tutela judicial efectiva al existir acuerdo voluntario y colaboración del particular.
c) Aplica el plazo de 3 años previsto para la acción objetiva de anulación por exceso de poder.
1. Respecto a la Legitimación Activa en el Código Orgánico General de Procesos (Art. 303 COGEP), ¿cuál es el estándar procesal exigible para distinguir la procedencia de una Acción Subjetiva frente a una Acción Objetiva?
a. La acción subjetiva exige acreditar únicamente un interés simple de la comunidad, mientras que la objetiva exige ser titular de un derecho subjetivo lesionado.
b. Ambas acciones configuran acciones populares abiertas que no requieren acreditar ninguna clase de interés ni derecho subjetivo.
c. La acción subjetiva requiere que el actor demuestre la titularidad de un derecho subjetivo individual vulnerado directamente por el acto, mientras que la acción objetiva exige acreditar un interés directo en al pretensión de legalidad abstracta.
3. En materia de Competencia Territorial de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, ¿cuál es la regla rectora para determinar qué tribunal es competente para conocer la impugnación de un acto administrativo?
a) Se radica de manera obligatoria en el domicilio de la máxima autoridad nacional de la entidad demandada.
b) La competencia sigue al dominio de la persona que no pertenece al Estado, sea actor o demandado.
c) Es competente exclusivamente el tribunal donde se producen los efectos del acto impugnado.
¿Cómo se legitima el poder en el Estado Liberal Moderno en comparación con la monarquía?
A) Sigue basándose en la herencia familiar del gobernante.
B) Pasa de la voz de una persona a la vigencia de la ley.
C) Se legitima mediante la aprobación directa de la Iglesia.
¿Cuál es la clasificación propuesta por el Dr. René Moreno Alfonso para las garantías procesales constitucionales?
A) Garantías orgánicas y funcionales.
B) Garantías preventivas y reparadoras.
C) Garantías objetivas (defensa de la supremacía normativa) y subjetivas (protección de derechos fundamentales).
Según el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ¿Qué requisito es indispensable para que las restricciones a
los derechos sean consideradas legítimas?
A) Que sean dictadas por decreto ejecutivo de emergencia.
B) Que se establezcan únicamente mediante leyes formales
dictadas por razones de interés general.
C) Que sean aprobadas de forma discrecional por las
autoridades judiciales.
Respecto a la justiciabilidad de los derechos sociales, ¿Qué principio permite exigir al Estado una mejora constante en su cumplimiento?
A) El principio de progresividad y no regresividad.
B) El principio de discrecionalidad absoluta del presupuesto.
C) El principio de inmediatez total de los recursos económicos.
Sobre la legitimidad de las cortes: ¿Qué dilema se
planteó respecto a la legitimidad de los jueces constitucionales?
A) La presencia de tecnicismo en sus sentencias, lo cual
impide que sean entendidas por la ciudadanía.
B) La contradicción entre el poder contra-mayoritario de
jueces no electos por voto popular y la soberanía de leyes dictadas por
representantes electos.
C) La imposibilidad de que los jueces actúen como agentes
de transformación social si no cuentan con un presupuesto propio asignado por
la Asamblea.
De acuerdo con el
'Principio de Separación', ¿Qué caracteriza la relación entre el Estado y los
grupos religiosos?
A.Que la religión puede dictar las leyes
civiles que el Estado está obligado a promulgar.
B.Que ambos tienen sus propios fines y
competencias, evitando la invasión recíproca de funciones.
C.Que el Estado tiene la facultad de
nombrar directamente a las autoridades religiosas.
¿A quien le
corresponde la tarea de interpretación auténtica del texto constitucional
acorde a la jurisprudencia constitucional y lo explicado en clase?
A.Está reservada para el Pleno de la
Corte Constitucional.
B.Por todos quienes leen y aplican la
Constitución.
C.Está reservada para el Pleno de la
Corte Constitucional y los jueces constitucionales de instancias
inferiores.
Respecto a la
'Igualdad Material', ¿Qué objetivo persigue este concepto a diferencia de la
igualdad formal?
A.Garantizar que todas las personas sean
tratadas de manera idéntica e uniforme bajo cualquier circunstancia.
B.Establecer que sólo los grupos
privilegiados tengan acceso a los recursos del Estado.
C. Alcanzar la igualdad
en la realidad (hechos) mediante la equidad de resultados u oportunidades.
En el caso consultado por la Corte Suprema (resguardo de Ipiales), ¿Qué argumento sostuvo el Dr. Martínez sobre la territorialidad en su ponencia “El Estado Plurinacional e Intercultural?
A. Que la cosmovisión va con el indígena, por lo que el criterio debe ser personal y no solo territorial.
B. Que la jurisdicción indígena solo aplica dentro de los límites geográficos exactos del catastro.
C. Que los indígenas pierden su derecho a su propia justicia si salen de su comunidad por cierto periodo de tiempo, y se adaptan a la cosmovisión occidental.
¿Qué consecuencia procesal inmediata genera la identificación de un trato basado en una categoría sospechosa?
A. La suspensión de todos los derechos políticos del autor de la medida.
B. La obligación del ciudadano de probar que no es culpable de su propia condición.
C. La inversión de la carga de la prueba (el Estado debe demostrar que no discrimina).
Según la metodología propuesta por el Dr. Solano (basada en Diego López Medina), ¿Cuál es el tercer paso para confirmar que hemos identificado la 'Ratio Decidendi'?
A. Preguntarse si, de eliminarse esa regla, la decisión del caso podría o no ser distinta.
B. Identificar si el patrón fáctico de la regla está redactada en modo abstracto o concreto.
C. Identificar el nombre de los jueces que votaron a favor de la decisión.
A partir de la reflexión del Dr. Lludgar sobre la 'incompletitud' de los sistemas constitucionales, ¿por qué mecanismos democráticos formalmente válidos pueden derivar en sistemas autoritarios?
Por la falta de una Constitución escrita que regule estrictamente el poder.
Debido a que el ejercicio del poder puede abusar de excepciones constitucionales para desmantelar pesos y contrapesos.
Porque la separación de poderes impide que el ejecutivo tome medidas urgentes necesarias.
¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un caso de improcedencia de la acción de Hábeas Data según la jurisprudencia citada?
A) El uso de la acción para obtener una certificación con el fin exclusivo de usarla como prueba en un proceso coactivo.
B) La solicitud de actualización de datos personales que contienen errores evidentes.
C) La exigencia de que una entidad informe sobre la finalidad del almacenamiento de los datos de un titular.
¡Cuál es la función de las 'cláusulas abiertas' en el marco de la protección de derechos innominados?
A ) Limitar el alcance de los derechos a los textos expresamente escritos.
B) Permitir la evolución del sistema jurídico para proteger nuevas realidades.
C) Permitir que se apliquen derechos no reconocidos en la constitución dentro de procesos judiciales previa declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que los restrinja.
En el caso de los Decretos de Estado de Excepción, el control constitucional es vital porque:
A. Implican la suspensión de derechos, lo que exige verificar estrictamente su necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
B. El juez debe aprobar previamente las tácticas que usará la policía y fuerzas militares durante la emergencia.
C. Los estados de excepción están totalmente prohibidos en el constitucionalismo contemporáneo.
¿En cuál de los siguientes supuestos el juez constitucional debería inadmitir la demanda de acción de protección al momento de calificarla?
Cuando se presente una demanda de acción de protección cuya pretensión sea evidentemente la declaración de un derecho.
Cuando se presente una demanda de acción de protección en contra de un acto que emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la legalidad del acto u omisión, que no conlleve la violación de derechos.
JORNADA 9, MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2026
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En el derecho procesal constitucional, ¿Qué se entiende por una "Omisión Legislativa"?
A) El exceso de leyes contradictorias aprobadas por el parlamento en un año legislativo.
B) El silencio, la inactividad o la falta de desarrollo normativo por parte del legislador respecto de un mandato constitucional expreso.
C) El veto del Presidente de la República a una ley aprobada por el Congreso o Asamblea.
En la acción de acceso a la información pública, ¿Qué interpretación otorgó la Corte Constitucional al concepto de "información reservada"?
A) Toda información generada por entidades públicas es accesible sin excepción.
B) La información reservada se limita exclusivamente a asuntos de seguridad nacional o defensa.
C). Las entidades públicas tienen discrecionalidad absoluta para clasificar información como reservada.
En la teoría constitucional clásica y contemporánea, ¿cuál es el verdadero fundamento del principio de "Supremacía Constitucional"?
A) Que la Constitución es la ley más antigua del ordenamiento jurídico y debe respetarse por tradición histórica.
B) Que emana directamente del Poder Constituyente (el pueblo), situándose como la norma fundamental que da validez y límite a todos los poderes constituidos.
C) Que solo puede ser interpretada por los magistrados que integran las Altas Cortes del país
Si se desconoce el paradero de una persona que ha sido privada de la libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada ¿Qué juez es el competente territorial y funcionalmente?
Territorialmente el juez del domicilio del accionante y funcionalmente el juez de garantías penitenciarias.
Territorial el juez donde se presuma se encuentra privada la persona y funcionalmente los jueces de la Corte Provincial de Justicia.
C. Territorial el juez donde se presuma se encuentra privada la persona y funcionalmente el juez de garantías penitenciarias.
Según la Dra. Sofía Sagués en la conferencia, para que exista una desaparición forzada deben verificarse tres elementos fundamentales determinados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señale cual no es uno de esos elementos.
La privación de la libertad
La intervención de grupos de delincuencia organizada
La negativa oficial de reconocer la detención o de revelar el paradero de la persona
Mediante el procedimiento de reforma parcial a la constitución que criterio esencial si se puede modificar, a diferencia de lo que no es posible en el procedimiento de enmienda constitucional.
A.La estructura fundamental de la Constitución.
B. El procedimiento de reforma de la Constitución.
C. El contenido progresivo de los derechos y garantías constitucionales.
De las siguientes afirmaciones señale cuál NO corresponde a las características de la acción extraordinaria de protección:
El recurrente debe justificar la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión.
El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la ejecutoria de la decisión judicial que se impugna.
La acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona, incluso cuando no fue ni debió haber sido parte de un proceso judicial
Según lo explicado en la clase, ¿Cuál es una diferencia clave entre el "trabajo forzoso" y la "servidumbre"?
A) El trabajo forzoso requiere la propiedad legal sobre la víctima, mientras que la servidumbre no.
C) La servidumbre se caracteriza por una situación de extrema vulnerabilidad donde la víctima siente la situación como irresistible, aunque no haya una amenaza de castigo formal, como si lo hay en el trabajo forzoso.
D) No hay ninguna diferencia, ambos términos se refieren exclusivamente a la trata de personas.
¿Por qué el Dr. Zaidán considera que la división del control en "dos momentos" (vía y contenido) es problemática?
A) Porque está prohibida expresamente por la Constitución.
B) Porque considera que es una duplicidad artificial e innecesaria que genera dilaciones procesales.
C) Porque impide que la Corte Constitucional realice cualquier análisis de fondo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la acción de incumplimiento es correcta?
A. Para su procedencia debe existir una obligación clara, expresa y exigible que no ha sido cumplida.
B. Garantiza la eficacia y aplicación de las normas del sistema jurídico ecuatoriano.
C. Dentro de los requisitos para la presentación de la demanda se debe adjuntar la prueba de reclamo previo.
¿Cuál es la principal objeción al modelo de justicia del Utilitarismo desde la perspectiva de los Derechos Humanos?
Que exige la abolición inmediata de toda forma de propiedad privada.
Que al centrarse en el cálculo agregado de bienestar, puede justificar la opresión o el sacrificio de minorías vulnerables si eso beneficia a la mayoría.
Que es un sistema muy lento para resolver causas judiciales comunes.
Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿Quiénes están obligados a ejercer el control de convencionalidad?
A) Únicamente los jueces de las altas cortes constitucionales.
B) Todas las autoridades públicas del Estado, de oficio, en el marco de sus competencias.
C) Exclusivamente los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y la jurisprudencia interamericana, ¿Cuál es un elemento intencional y finalista que se evalúa en la tortura?
Que el acto cause dolores físicos o mentales de forma completamente accidental o negligente.
Que el acto se realice exclusivamente en zonas de conflicto armado internacional declaradas oficialmente.
Que los dolores o sufrimientos graves sean infligidos intencionalmente con fines específicos, como obtener una confesión, castigar, intimidar, coaccionar, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
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